El modelo de producción y acumulación extractivista representado principalmente por la minería, la explotación petrolera y la agroindustria, avanza por los países de América Latina y el Caribe, en particular en los territorios ancestrales de los pueblos originarios donde suelen ubicarse los recursos que requieren estas actividades. El extractivismo se caracteriza por la explotación intensiva y en gran escala de los recursos naturales, no renovables y renovables, que provocan fuertes impactos medioambientales y sociales. La minería contemporánea ha entrado a una etapa de explotación masiva a cielo abierto que requiere, desde la fase inicial de exploración, la revisión de grandes extensiones, remoción de la vegetación natural, apertura de caminos y excavaciones para ubicar los estratos donde se encuentran los fragmentos minerales de interés comercial. Durante la exploración, las mineras pueden pasar sobre siembras, urbanizaciones, restos arqueológicos, áreas naturales protegidas o partes de subsuelo marino, apropiarse de las diversas fuentes de agua e ir adquiriendo las tierras de interés minero, mediante la renta, la compra o la expropiación, ya que la ley minera autoriza las expropiaciones a solicitud de las compañías.

Desde el inicio del milenio, la expansión de la minería requirió de la ocupación de tierras, que fue y va, acompañada de acciones de resistencia y protesta social y del incremento de la criminalización. La oposición de los pueblos originarios a la minería plantea diversas cuestiones, entre ellas la defensa del territorio cultural ancestral, de la biodiversidad y del medioambiente de donde se proveen de los bienes naturales que utilizan para la subsistencia. Para convencerlos de aceptar los emprendimientos, funcionarios de las empresas y del gobierno se acercan a las autoridades municipales y agrarias, reparten dádivas y hacen promesas, como pintar la iglesia, construir una cancha de futbol o un camino, e incluso llegan a amenazar a los que se oponen a sus propuestas. Ya explotado el mineral, sale del país sin dejar beneficio a los pueblos afectados y muy poco al Estado. Actualmente, nuevos fenómenos industriales se asocian a la minería de esta envergadura, por ejemplo, la construcción de hidroeléctricas para alimentar las minas con electricidad y agua, ya que requieren de 1.5 millones de litros de agua al día.

Uno de los temores no infundados de las comunidades es la degradación del medio ambiente y la salud de los pobladores debido a la utilización de cianuro, arsénico y mercurio para extraer el mineral, que son tóxicos químicos causantes de numerosas y graves enfermedades, y que contaminan las aguas de las napas freáticas, que a su vez contaminan los ríos y manantiales, los suelos, los cultivos, los bosques, la flora y la fauna de la zona.

En México, las reformas del artículo 27 constitucional y la Ley Minera, realizadas ambas en 1992, favorecieron las inversiones de las corporaciones mineras transnacionales, principalmente canadienses y norteamericanas, en el país. La primera abrió la posibilidad de privatización de las tierras ejidales e incluso comunales. La segunda, porque esas explotaciones son consideradas de “interés público prioritario”, que prima sobre otros intereses públicos y privados no mineros, les permite a las mineras utilizar en su provecho también los bienes del común como agua, bosque, selva y el subsuelo y sus minerales. El Estado transfiere sus derechos territoriales a las empresas mineras nacionales y extranjeras otorgándoles concesiones por 50 años, prorrogables por 50 más.

Entre 2000 y 2012 el gobierno federal autorizó a empresas extranjeras la explotación de yacimientos de oro, plata, cobre, zinc y plomo en el 15% del territorio nacional, muchos de ellos ubicados en territorios habitados por indígenas. Las autoridades federales y las empresas, según las organizaciones etnopolíticas, hacen caso omiso de los convenios internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, respecto de la necesidad de contar con el consentimiento libre e informado por parte de la población, previo a la autorización de cualquier emprendimiento en sus territorios.

La minería en Oaxaca

Son varias las regiones del estado afectadas por la minería: el 20% del territorio del istmo de Tehuantepec, los Valles Centrales zapotecos de Ocotlán-Ejutla y Tlacolula, Mitla, Miahuatlán, varios municipios zapotecos de la Sierra Juárez y municipios mixtecos de Juxtlahuaca. La Secretaría de Economía expidió, entre 2002 y 2016, 389 títulos de concesión a compañías canadienses y norteamericanas para la explotación de minerales en el 8% del territorio estatal sin respetar bosques, selvas o áreas naturales protegidas. En el istmo resultan afectados los pueblos zoques de San Miguel Chimalapas y Zanatepec, los ikoots (huave) de San Mateo del Mar y los municipios zapotecos binnizá de Ciudad Ixtepec, Santiago Laollaga, San Pedro Comitancillo, pero indirectamente también más de 50 comunidades que comparten con ellas los acuíferos. La Red Mexicana de Afectados por la Minería (rema) junto con el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios han logrado la cancelación de 44 concesiones en el estado. En Ciudad Ixtepec, desde 2013 opera la minera canadiense Plata Real, subsidiaria de la empresa Primero Mining, que fue concesionada con un área de 8 150 ha, gran parte de ellas en el área natural protegida, a pesar de la oposición de la asamblea comunitaria. En 2016 el Comité Ixtepecano para la Defensa de la Vida y el Territorio declaró “reserva espiritual” al área protegida donde también se ubican sus cerros y ojos de agua sagrados, y su gestión ha logrado la cancelación temporal del emprendimiento. Cuando acciones externas, como los proyectos extractivos mineros, ponen en riesgo la biodiversidad, el territorio de vida y los lugares sagrados, esos bienes se transforman en recursos culturales que los pueblos esgrimen para oponerse al despojo y salvaguardar el patrimonio biocultural.

Imagen: Comunidades zapotecas bloquearon la carretera federal 175, de Oaxaca, para exigir una audiencia con Semanart, en relación con la 2ª Manifestación de Impacto Ambiental que estaba tramitando Minera Cuzcatlán en diciembre de 2020. Foto: © Santiago Navarro F.

Alicia M. Barabas. Licenciada en ciencias antropológicas por la Universidad de Buenos Aires. Maestra y doctora en sociología por la UNAM. Profesora investigadora emérita del INAH. Investigadora nacional nivel III, SNI-Conacyt.

Esta publicación puede ser citada completa o en partes, siempre y cuando se consigne la fuente de la forma siguiente:

Barabas, Alicia M., “Extractivismo minero en territorios indígenas”,  Arqueología Mexicana, núm. 171, pp. 78-79.