• sábado, 17 de noviembre de 2018

El Marquesado del Valle

Bernardo García Martínez

Lo que conocemos como “conquista de México” consistió en el proceso de sumisión por la vía militar o por medio de alianzas de la gran mayoría de los reinos o señoríos mesoamericanos, proceso que demandó muchos años a partir de 1519 e involucró (con la comprensible salvedad de lo ocurrido en México-Tenochtitlan) la presencia y acción de tres personajes: encomenderos, caciques y doctrineros. Los primeros fueron los propios conquistadores militares, a quienes se “encomendó” hacerse cargo de la intermediación entre el gobierno central y los señoríos, lo que involucraba de manera prioritaria cobrar los tributos demandados a éstos (tributos que el gobierno les cedía como pago por sus servicios). Los caciques fueron los reyes o gobernantes legítimos de los señoríos, alterados algunos en sus linajes como consecuencia de su oposición a los españoles, mantenidos otros en el poder sin cambios a lo largo de los turbulentos años de la conquista. Los doctrineros –frailes mendicantes en su mayoría– encarnaron el aspecto eclesiástico de esa relación y, encargados de la conformación de una iglesia o “doctrina” en cada señorío (con el proceso de evangelización correspondiente), fueron una especie de complemento eclesiástico de los encomenderos. Estos tres personajes, en conjunto, establecieron una intermediación entre el poder supremo (encarnado en los representantes del rey) y el gobierno y administración de los señoríos, denominados en lo sucesivo pueblos de indios o, simplemente, pueblos. El sistema dependía, en el fondo, de la subsistencia de éstos con su identidad y legitimidad política y su integridad territorial. Tal sistema, que debemos calificar como de dominación indirecta (en la que el poder colonial se ejerce a través de intermediarios locales), fue el que hizo posible la instauración y consolidación inicial del régimen colonial.

Ahora bien; no todos los encomenderos, caciques y doctrineros tuvieron el mismo estatus ni los señoríos o pueblos eran iguales. Los hubo de mayor o menor jerarquía, población o riqueza. La asignación inicial de los caciques y sus señoríos a los encomenderos se hizo según la voluntad de Hernán Cortés entre 1521 y 1523 privilegiando a los conquistadores de mayor jerarquía con los señoríos más relevantes o que producían más tributo. Casi está por demás señalar que Cortés se adjudicó a sí mismo los que consideró más importantes, prestigiosos y ricos en distintas partes de la naciente Nueva España, desde Michoacán hasta Tehuantepec y desde Pánuco hasta los Tuxtlas.

Ya en la práctica Cortés no logró hacerse encomendero de todos los señoríos que pretendía porque sus sucesores en el poder modificaron muchas de sus disposiciones y, además, la corona consideró desmedidas sus demandas, de manera que las recortó considerablemente antes de otorgarle la aprobación formal que se requería. Las encomiendas, en efecto, aunque ya eran una realidad, estaban siendo sometidas a un relativo control por la corona y sus representantes (Audiencia, oficiales reales; más tarde el virrey, etc.). Por otra parte, sin embargo, Cortés obtuvo más de lo que pretendía, pues no recibió los pueblos que le fueron confirmados en calidad de encomendero sino de señor de vasallos. Esto significaba que, además de los privilegios propios de un encomendero, como la cesión de tributos, adquiría prerrogativas señoriales como la de denominar “vasallos” a los habitantes de sus pueblos y el derecho a disponer de tierras baldías y cobrar censos (el llamado dominio eminente), pero sobre todo facultades jurisdiccionales como la de nombrar sus propios funcionarios de administración (corregidores o alcaldes mayores) e impartir justicia civil y criminal en primera instancia. Todo ello era, desde luego heredable. En otras palabras, al Marquesado se le otorgaban facultades de gobierno, con la correspondiente autonomía administrativa que lo dejaba casi siempre exento de la mayoría de las disposiciones que se tomaran para el resto de Nueva España, aunque sin quedar al margen de las leyes generales. Esto fue en julio de 1529. Más que recurrir a una solución de intermediación de gobierno en un plano local, como estaba implícito en un sistema de dominio indirecto, la corona dio lugar a una especie de estado dentro del estado.

Como Cortés recibió al mismo tiempo el título de marqués del Valle de Oaxaca (una denominación relativamente arbitraria), al conjunto de sus pueblos (un conjunto disperso y heterogéneo) se le denominó Estado y Marquesado del Valle de Oaxaca. Fue conocido ordinariamente como “el Estado” o como el Marquesado del Valle.

El Marquesado tuvo una historia larga. Se le disputó su derecho a ciertos pueblos y, en efecto, se le quitaron algunos luego de largos litigios. Con todo, la cuenta de los pueblos nunca fue clara, como no lo era entonces la certeza de cuáles eran realmente pueblos (es decir, señoríos legítimos) y cuáles no, de modo que a veces figuraban más de los 22 mencionados en la donación original, a veces menos. A Cortés sucedió su hijo Martín, y cuando éste se vio envuelto en la sonada conspiración de 1556 recibió entre sus castigos el “secuestro” del Marquesado, lo que significaba que éste quedaba intervenido por el gobierno virreinal.

Bernardo García Martínez (1946-2017). Doctor en historia, profesor de El Colegio de México e Investigador Nacional Emérito. Autor de estudios sobre historia de los pueblos de indios, historia rural y geografía histórica. Publicó varias obras de síntesis sobre la historia y geografía de México.

García Martínez, Bernardo, “El Marquesado del Valle”, Arqueología Mexicana, núm. 153, pp. 68-72.

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