Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural-INAH

Han transcurrido 24 meses de trabajo constante y, a pesar de que el proceso ha sido lento, existe la certeza de que se concluirá todo el trabajo pendiente, que los resultados serán visibles para las comunidades

y que el beneficio al patrimonio cultural de nuestro país será indiscutible.

El 7 de septiembre de 2017 un fuerte sismo con epicentro en Oaxaca derribó y afectó miles de edificaciones en ese estado y en Chiapas. Las noticias nos hicieron alertar al INAH y proponer el apoyo a las áreas centrales en la región; sin embargo, 12 días más tarde ocurrió otro fuerte temblor, cuyo epicentro fue ahora en el estado de Morelos y afectó además a Puebla, el estado de México, Guerrero, Tlaxcala y Ciudad de México. Ambos eventos sísmicos fueron de tal magnitud que el gobierno de México emitió la declaratoria de desastres para dotar de recursos extraordinarios a los cientos de municipios afectados en el país. Fue entonces que empezó a correr la cuenta regresiva para las instituciones que teníamos que integrar los expedientes que se ingresarían al sistema del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Tanto los bienes muebles como los muebles asociados a los inmuebles de carácter histórico o arqueológico afectados por el sismo han sido atendidos por la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, así como por los restauradores adscritos a las secciones de restauración de cada Centro INAH en los estados.

Los bienes muebles son: esculturas, pinturas de caballete, documentos y una gran variedad de objetos utilizados para la liturgia en un templo o el mobiliario dentro de un inmueble histórico, etc.; los bienes muebles asociados al inmueble son, por ejemplo, la pintura mural, los vitrales, los retablos y otra serie de elementos que pueden tener una doble función, tanto estructural como decorativa dentro de la edificación.

Las primeras acciones

El primer paso, después de cada siniestro, fue identificar el patrimonio dañado en los cientos de municipios afectados, para entonces integrar los expedientes de aquellos bienes que requerían acciones emergentes mediante los Apoyos Parciales Inmediatos (APIN). Los recursos de los APIN están dirigidos a sufragar las acciones que atiendan problemáticas graves y que deban ser solventadas de inmediato. Para el caso de los bienes muebles, la idea era, por un lado, identificar qué bienes se encontraban en peligro eminente y, por el otro, plantear qué acciones emergentes debíamos realizar para protegerlos de mayores daños. Después se elaboró un presupuesto para que pudiésemos contar con los recursos necesarios.

Se realizaron brigadas, en coordinación con los Centros INAH y otras coordinaciones nacionales del instituto, para llevar a cabo el levantamiento de información en cada uno de los sitios. Según fue el caso, algunas de las brigadas estuvieron conformadas por un solo tipo de especialistas y otras fueron mixtas, ya que incluyeron restauradores, arquitectos, arqueólogos y antropólogos.

Después de esa primera fase, pasamos a un periodo un poco más extenso, en el cual había que integrar los expedientes de intervención de la segunda etapa del Fonden, llamada “acciones de reconstrucción”. Para ese momento teníamos mayor conocimiento sobre las zonas afectadas, los municipios y monumentos con problemáticas diversas. El trabajo se dirigió a realizar estimaciones de presupuestos de restauración que tenían que ingresarse al sistema Fonden y/o a la gestión de recursos a través de la aseguradora. Aprobados los recursos, se tuvieron que gestionar desde cada Centro INAH las contrataciones de las empresas que comenzarían a realizar las primeras acciones de apuntalamiento, resguardo y protección. Además de la contratación y gestión con las empresas, era necesaria, por nuestra parte, la supervisión de las acciones realizadas.

Posteriormente arrancamos con la fase de integración de expedientes, la cual representó la visita a los sitios y un trabajo de conciliación con el seguro, tanto para el reconocimiento y cuantificación de daños como de los procesos y costos de la restauración. Con la aseguradora Banorte, la realización de las conciliaciones ha sido parte de un proceso largo, que implica establecer tanto el nivel de daños como los procesos de intervención a realizar, para así determinar cuánto dinero se requiere por parte del seguro para cada uno de los inmuebles y muebles con deterioros derivados del sismo.

Desafortunadamente, los procedimientos que requiere el Fonden han limitado la participación de algunos restauradores de bienes muebles, ya que son unos cuantos los que cumplen con actividades empresariales y cierta infraestructura que les permita cubrir con los requisitos que solicita la Secretaría de Hacienda: el Seguro Social, el pago de fianzas, etc.

Por otro lado, ha sido indispensable contar con proyectos que nos permitan realizar todos los tipos de contratación necesarios para cumplir con los objetivos de conservación y restauración de los bienes que serán protegidos y restaurados.

María del Carmen Castro Barrera. Licenciada en conservación de bienes culturales muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRYM). Titular de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC) del INAH.

Thalía Velasco Castelán. Restauradora por la ENCRYM. Es directora de Educación Social para la Conservación de la CNCPC.

Blanca Noval Vilar. Restauradora por la ENCRYM. Tiene a su cargo el Área de Atención Integral a Comunidades de la CNCPC.

Castro Barrera, María del Carmen et al., “Atención al Patrimonio Cultural afectado por sismos de 2017. Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural-INAH”, Arqueología Mexicana, núm. 160, pp. 84-89.